Durante la visita del vicepresidente chino Xi Jinping a Caracas a (mediados de febrero), fueron firmados los documentos para un nuevo préstamo chino con el mismo propósito y que elevó a US$ 8.000 el endeudamiento venezolano con China, por esta vía.
Las reglas impuestas por China para el manejo del Fondo y para la cancelación de la deuda, aceptadas por el gobierno venezolano, incluyen cláusulas que permiten la intervención directa de China en el manejo de los recursos.
Expertos en esquemas de financiamiento internacional consultados llamaron la atención sobre la similitud entre los documentos aceptados por Venezuela y los mecanismos de control que imponen organismos de financiamiento internacional a sus clientes.
Gobiernos como el venezolano (así como el de Ecuador, más recientemente) han denunciado las prácticas de esos organismos internacionales como violatorios de la soberanía nacional. En el caso del acuerdo con China, el gobierno venezolano ha aceptado que ese país ejerza funciones de supervisión dentro de Venezuela.
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El pago del préstamo chino se realizará mediante una cuenta que Venezuela deberá abrir en el China Development Bank en Pekin. La cuenta está nominada en dólares estadounidenses, moneda utilizada para todos los propósitos del manejo del Fondo y del préstamo. Venezuela, por otra parte, aceptó que la legislación aplicable al acuerdo sea la inglesa.
Ahora, nuestra Constitución Nacional ordena que todo contrato que comprometa la República, debe ser autorizado por la Asamblea Nacional.
Desde todo punto de vista esta es una acción contra los venezolanos y contra la Constitución Nacional vigente, que afecta en el presente la calidad de vida de los ciudadanos y a futuro, en unos pocos años, se tendrán que crear nuevos impuestos para pagar una deuda con países como China y Rusia.
De allí que mediante el presente artículo, ejerzo mi deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, conforme a lo que reza en el Artículo 333.
A muchos venezolanos se nos quiere engañar con supuestas jornadas médicas, legales, alimentarias que solo buscan acostumbrar a la población, a hacer largas colas de horas y horas, para adquirir los alimentos de la canasta básica.
Es tiempo que la sociedad civil nos movilicemos para recoger firmas en Apoyo de una LEY DE RESGUARDO DEL FUTURO CIUDADANO, que prohíba el pago de cualquier tipo de deuda, que adquiera el Poder Ejecutivo venezolano, que no haya sido previamente aprobado por la Asamblea Nacional en pleno, y mediante REFERENDUM CONSULTIVO, a la población.
