VENEZUELA en deuda con la ONU
Rimy Diego Mundaraín se suma a las voces que condenan las minas antipersonales. Razones le sobran: hace ya cuatro años que una de esas bombas le robó la pierna izquierda. Estaba prestando servicio militar cuando cortaba la maleza junto al resto del pelotón. Al terminar, su superior tocó el silbato y los infantes de marina corrieron para formar. Fue en ese instante del 6 de diciembre de 2004, cuando pisó una bomba que se había desplazado de su lugar original.
El informe que la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres publicó en su página web indica que "Venezuela reiteró que el sobreviviente del incidente de 2004 recibió asistencia médica, psicológica y económica". Pero en el barrio Virgen del Valle de La Guaira, donde reside Mundaraín, hay otro panorama: la ayuda de la que habla el Gobierno se refiere a 8.000 bolívares que recibió después del accidente y un salario mínimo de 794 bolívares, además del seguro médico del que disfrutan todos los militares.
Le habían prometido casa, pero a falta de ella, en este momento ni siquiera cuenta con la prótesis que le financiaron. Él mismo reconoce que ha dejado correr el tiempo sin pelear por una nueva pierna de plástico que sustituya a la que dejó de calzarle hace dos años por los kilos que ha ido ganando desde que pasa mucho tiempo en cama.
Asiente con la cabeza cuando le preguntan si cree que el Estado debe dar más respuestas sobre su situación económica. Aun así, prefiere ser cauto, porque todavía guarda la esperanza de que el Gobierno lo indemnice con una casa, que lo saque del cuarto de cinco metros cuadrados donde vive con su mamá y sus dos hermanos.
Rimy Diego Mundaraín es uno de los dos venezolanos que entran en la lista de víctimas de minas antipersonales. En el 2004 perdió una pierna en Apure por un dispositivo que se desplazó de la zona de riesgo (Cruz Sojo).
Rimy Diego Mundaraín se suma a las voces que condenan las minas antipersonales. Razones le sobran: hace ya cuatro años que una de esas bombas le robó la pierna izquierda. Estaba prestando servicio militar cuando cortaba la maleza junto al resto del pelotón. Al terminar, su superior tocó el silbato y los infantes de marina corrieron para formar. Fue en ese instante del 6 de diciembre de 2004, cuando pisó una bomba que se había desplazado de su lugar original.
El informe que la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres publicó en su página web indica que "Venezuela reiteró que el sobreviviente del incidente de 2004 recibió asistencia médica, psicológica y económica". Pero en el barrio Virgen del Valle de La Guaira, donde reside Mundaraín, hay otro panorama: la ayuda de la que habla el Gobierno se refiere a 8.000 bolívares que recibió después del accidente y un salario mínimo de 794 bolívares, además del seguro médico del que disfrutan todos los militares.
Le habían prometido casa, pero a falta de ella, en este momento ni siquiera cuenta con la prótesis que le financiaron. Él mismo reconoce que ha dejado correr el tiempo sin pelear por una nueva pierna de plástico que sustituya a la que dejó de calzarle hace dos años por los kilos que ha ido ganando desde que pasa mucho tiempo en cama.
Asiente con la cabeza cuando le preguntan si cree que el Estado debe dar más respuestas sobre su situación económica. Aun así, prefiere ser cauto, porque todavía guarda la esperanza de que el Gobierno lo indemnice con una casa, que lo saque del cuarto de cinco metros cuadrados donde vive con su mamá y sus dos hermanos.
Rimy Diego Mundaraín es uno de los dos venezolanos que entran en la lista de víctimas de minas antipersonales. En el 2004 perdió una pierna en Apure por un dispositivo que se desplazó de la zona de riesgo (Cruz Sojo).
Un reproche internacional recibió Venezuela de una agencia que hace vida en la Organización de Naciones Unidas. Y en esta oportunidad nada tiene que ver con problemas bilaterales o discursos políticos azuzados desde el mismísimo imperio, sino de una deuda que el Gobierno nacional asumió en 1999 y que -hasta ahora- no ha cumplido: eliminar las 1.073 minas antipersonales que rodean seis campamentos militares de la frontera con Colombia.Se trata de una de las conclusiones del informe Monitor de Minas Terrestres 2008, presentado el pasado 21 de noviembre por la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres, que fue galardonada en 1997 con el Premio Nobel de la Paz y reconocida en el mundo por luchar contra las armas explosivas.
Los principales argumentos que justifican la demora señalan que la remoción de los explosivos debe hacerse en lugares selváticos donde, además de los largos períodos de lluvia, operan grupos irregulares colombianos. Los directivos de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres advierten, no obstante, que son las mismas explicaciones que el Gobierno ha esgrimido desde 1999.
"La Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres quiere resaltar su profunda preocupación por el hecho de que, nueve años después de la entrada en vigor de la Convención para Venezuela, las operaciones de desminado aún no han empezado", manifestaron en la IX Conferencia de los 156 estados miembros de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales.
Sean cuales sean las razones del Gobierno, la ONG considera que Venezuela contradice la letra y el espíritu de la Convención de Ottawa, cuyo artículo 5 estipula que la remoción de las áreas minadas tiene que ser realizada cuanto antes. "Aún más preocupante resulta el hecho de que el cronograma agregado a la solicitud de prórroga prevé que las tareas de desminado no empiecen antes de octubre 2009, es decir después de vencer el plazo establecido para Venezuela según los términos de la Convención".
Aunque las autoridades nacionales nunca han desconocido el compromiso de erradicar las minas, han ido aplazado el tema dándole largas al asunto. En marzo de 2008 formalizaron una solicitud para diferir el plazo ante el príncipe de Jordania, Mired Raad Al-Hussein, quien presidió la Convención sobre el Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales, que se llevó a cabo en esa fecha.A través de un informe de 66 páginas firmado por el coordinador general de los cursos y trabajos de desminado del Ministerio de la Defensa, Alcibíades Paz, y suscrito por el viceministro para América del Norte y asuntos multilaterales, Jorge Valero, el Gobierno nacional solicitó una prórroga de cinco años, que pospone la limpieza de todas las áreas hasta octubre de 2014.
Por Joseph Poliszuk
