En Venezuela, el derecho a la vida está siendo vulnerado y el actual gobierno hace caso omiso de este grave problema social.
El clamor de las madres y ciudadanos venezolanos frente a las morgues del país, cada día ha ido en aumento.
Es tal elevado el número de homicidios en el país que el CICPC, ha dejado de emitir los reportes semanales y mensuales por muertes violentas y armas de fuego.
Indicando con esto, que es política del actual gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, impedir el desarme de la población civil, que en su mayoría, en lugar de hacer uso de sus armas de fuego para defenderse, las usan para cometer hechos delictivos, pasionales y venganzas. Siendo afectados principalmente jóvenes entre los 17 a los 35 años de edad, que en su mayoría son estudiantes y/o trabajadores, sin relaciones con el mundo delictivo.
Ante esto, los únicos aliados de las víctimas que en esencia es la población venezolana, son los medios de comunicación social, los cuales también han sido estigmatizado y acusados por el Gobierno Nacional de ser los que fabrican audiovisualmente los delitos que a diario se suceden, y por lo cual también han recibido multas pecuniarias, buscando su quiebra económica.
Hoy los ciudadanos se encuentran totalmente indefensos, a pesar de las propuestas repetidas de un grupo de Diputados de la Asamblea Nacional, de solicitar la aprobación de una Ley Desarme, que establezca el decomiso de todas las armas de fuego que están en manos de personas que no tienen ningún vínculo laboral con organismos policiales o militares.
Mi propuesta aunque quizás transite un largo camino para poder ser presentada ante la Asamblea Nacional, para su aprobación, es la Ley de Indemnización a Madres, que sus hijos sean asesinados por delincuentes. Esta indemnización debe ser ejemplarizante, para que el Gobierno Nacional pueda dolerle la cantidad de dinero que cancela por concepto de homicidios, que pudieron "Evitarse", con tan solo la aplicación de leyes y programas que disminuirán la posesión y uso de armas de fuego en manos de población civil.
La Organización No Gubernamental (ONG) LA GOAJIRA PRIMERO) promueve la asesoría y acompañamiento de las víctimas de casos como las que ya se han mencionado a fin de levantar un banco de datos (firmas de víctima que deseen sumarse a la demanda colectiva) e introducir según la asesoría jurídica de un bufete de abogados, una demanda ante Tribunal Supremo de Justicia para exigir la indemnización correspondiente, que según demanda será de Un mil millones de bolívares para cada víctima o sobreviviente con retroactividad desde el año 2005.
